En sesión ordinaria , los Diputados de Jalisco  aprobaron el  dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, para adicionar una fracción XXV al artículo 252 del Código Penal del Estado, a fin de que se considere fraude el delito de distribuir o expender bebidas y otros productos y artículos que no cumplan con las normas de calidad que se ofertan o deben observarse.

Sobre el tema, el Diputado Jesús Casillas Romero aclaró que en principio se propuso la iniciativa de los diputados Héctor Álvarez Contreras y José Joel Pérez de Anda para proteger el tequila, debido a que hay personas que se dedican al adulteramiento, como también ocurre con otras bebidas, por lo que con esa medida jurídica se confía en evitar que se sigan cometiendo fraudes. Los legisladores promotores de la iniciativa también hicieron uso de la palabra para referir la importancia de que ya no se sigan alterando las normas y de manera especial se afecte a la industria tequilera y su cadena productiva.

De manera unánime se aprobó la reforma para castigar hasta con 10 años de prisión o hasta 4 mil 650 pesos, equivalentes a 80 días de salario mínimo a quienes adulteren, reetiqueten, reenvasen, trasladen o comercialicen bebidas o productos apócrifos.

En la exposición de motivos, la iniciativa enumera :


Una de las actividades ilícitas más recurrentes en el Estado de Jalisco son las que tienen que ver con el engaño al consumidor, diariamente, dentro de nuestro Estado, se produce y comercializa dolosamente mercancía apócrifa, de menor calidad a la ofertada o que simplemente no cumple con las especificaciones técnicas y de calidad que establece la normatividad correspondiente, con un perjuicio sumamente grave para el consumidor, para la sociedad y, desde luego, para el propio Estado.

Dichas actividades ilícitas, al ser sumamente rentables, han tenido un crecimiento exponencial, uno de los factores que han contribuido a este crecimiento son los espacios de impunidad al no contar con las herramientas legales adecuadas para erradicar dicha problemática.

La Procuraduría Federal  del Consumidor ha realizado una labor incansable en la lucha contra este tipo de actividades, clausurando negocios e inmovilizando todo tipo de productos ilegales, pero sus sanciones, al ser de naturaleza administrativa, no tienen el impacto suficiente para disuadir esta clase de conductas ni, por tanto, para corregir el problema.

Por lo que hace al marco normativo penal, tenemos que decir que no cuenta con el diseño adecuado para hacerle frente al problema. Ciertamente, el fraude genérico contemplado en el artículo 250 del Código Penal del Estado de Jalisco, consistente en la obtención de un lucro mediante engaño o aprovechamiento del error, es un delito que puede aplicar en cualquier operación fraudulenta, a condición de que no se actualice un tipo penal más concreto, como pudiera ser uno de los fraudes específicos considerados en el artículo 252 de nuestro Código Penal.

El Código Penal no cuenta con un tipo penal que proteja al consumidor de prácticas engañosas, y la historia nos ha demostrado que, el fraude genérico, es una herramienta sumamente ineficiente ante tales eventos, pues muchas veces la víctima del engaño no denuncia penalmente, ante la inconveniencia de activar todo un procedimiento criminal, con el costo que ello implica, y cuando muchas veces el objeto del delito no representa intereses importantes, como por ejemplo, una botella de tequila falsa o un simple juguete que no cumple con las especificaciones normativas correspondientes. 

Por ello el problema debe entenderse como un fraude masivo y sistemático con graves daños a la sociedad y al Estado, y no como fraudes que, analizados en casos separados, puedan interpretarse como conductas delictivas con daños no tan serios para el consumidor defraudado.

Por su parte el Consejo Regulador del Tequila, felicitó a la Legislatura local por esta reforma al considerar que contribuye a proteger a la cadena productiva agave tequila.